Como colectivo feminista de Goya, acompañado de organizaciones sociales, políticas, y de DDHH,queremos expresar nuestro total, absoluto y enérgico rechazo y repudio al cese de prisión otorgado al abogado Cristian Andrés Casco.
Nuevamente, los representantes de la justicia de la ciudad de Goya, resolvieron beneficiar a Casco, quien está actualmente procesado por "lesiones graves doblemente calificadas, daño y coacciones" todo en concurso real, por lo cual podría ser condenado a una pena de hasta quince años de prisión. Increíblemente, los jueces Julio Duarte y Joaquín Romero votaron a favor de esta medida, en disidencia con el Dr. Jorge Carbone.
Paradójicamente, el 20 de noviembre del 2019, hace exactamente un año atrás, a esta misma persona, se le concedió la libertad condicional, y cuando obtuvo ese gran beneficio y privilegio de unos pocos, se dio el lujo de cometer faltas a las normas y recaudos impuestos con el fin de conservar tal beneficio, violando entre otras cosas, la perimetral que le impuso la Justicia. Por lo tanto, nos lleva a preguntarnos: ¿SE MERECE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD?
Nuevamente, los representantes de la justicia de la ciudad de Goya, resolvieron beneficiar a Cristian Andrés Casco, quien está actualmente procesado por "lesiones graves doblemente calificadas, daño y coacciones" todo en concurso real, por lo cual podría ser condenado a una pena de hasta quince años de prisión.
Increíblemente, los jueces Julio Duarte y Joaquín Romero votaron a favor de esta medida, en disidencia con el Dr. Jorge Carbone.
Nuestro mayor apremio aquí, se funda en la necesidad de que nuestra justicia resguarde de forma correcta, los derechos a las personas en general, y en este caso puntual, la parte más vulnerable, como lo es la mujer.
La libertad de Casco, no solo vuelve a colocar a la víctima “en un estado de vulnerabilidad, contrariando toda la normativa nacional e internacional que protege a la mujer”, sino que además, da la posibilidad al victimario que desde afuera y con mayor libertad, pueda llegar a manipular pruebas que deben producirse en el futuro juicio, además del peligro que representa tanto para ella como para su familia, ya que no hay que dejar de ver, cual es el verdadero estado emocional que Casco presenta.
Además, la víctima, fue notificada del pedido de cese de prisión preventiva de Casco, cuando la resolución ya había sido tomada, sin haber dado ni la más mínima participación en las actuaciones que desde el mes de Octubre/2020, se venían llevando a cabo, a pesar de tener un rol activo en la causa por estar constituida Querellante, algo total y absolutamente reprochable, cuando en realidad es obligación del cuerpo judicial, haber dado vista de tal situación, “antes de emitir su dictamen”, poniendo a su conocimiento el pedido de libertad de su agresor.
Además, el Tribunal Oral Penal está más preocupado en otorgar beneficios tan preciados como la libertad al agresor, que en fijar una fecha para el juicio y así, definitivamente imponer una sentencia, la cual, por lo que se puede vislumbrar a la luz de los fundamentos dados para su libertad, casi podemos estimar lo burda que la misma resultara.
Cabe destacar, las implicancias que generarían una sentencia de este tipo, en términos de antecedentes para casos similares, vulnerando derechos y garantías a mujeres víctimas de violencia de género y de un poder judicial sumamente machista.
Colectivo Feminista Goya
24 de noviembre de 2020
